Remitiéndonos únicamente a estos
treinta años de democracia, hemos visto casi siempre intenciones del Poder
Ejecutivo de avanzar sobre el judicial, implementando medidas de uno u otro
tipo, en especial con el máximo organismo de ese poder,
También hemos visto que la
justicia no actúa con plena independencia o más bien se transforma en cómplice,
cubriendo con un manto de impunidad los delitos cometidos por los funcionarios
de turno.
Recordemos el emblemático caso de
la venta de armas a un país que no tenía ejército, Panamá, destino ficticio que
servía para triangular el destino final, Ecuador, cuando este se hallaba en
guerra con Perú, país del cual Argentina había recibido el más amplio apoyo
durante el conflicto en Malvinas, además de ser garante de la paz entre los
Estados beligerantes.
Algo similar ocurrió con la venta
de armas a Croacia, uno de los contendientes en la guerra de la ex Yugoslavia.
Por un lado les vendíamos armas y por el otro mandábamos cascos azules para
evitar que se pelen.
Y como frutilla del postre
ocurrió la voladura de la fábrica Militar de Río Tercero (lugar en donde se
borraban los escudos y la numeración de las armas que se mandaban a Croacia),
hecho no aclarado y que muchas voces dejaron entrever que fue deliberado para
borrar huellas del contrabando de armas.
Los cuatro o cinco decretos
secretos, firmados por Menem y varios de sus ministros, no fueron suficiente
prueba para la justicia. Todos y cada uno de los funcionarios que pasaron por la Justicia declararon que
ignoraban completamente el tema. Finalmente las sospechas habrán recaído sobre algún
ordenanza como posible autor material del ilícito.
En la actualidad vivimos algo
similar. Ante denuncias periodísticas contra el ex presidente Kirchner y su
entorno, que presuponen un alto grado de veracidad, vemos a jueces que fueron
designados por este gobierno que actúan de un modo por lo menos sospechoso,
demorando los pedidos de allanamientos (de manera que cuando se llevan a cabo, las pruebas que se podrían haber obtenido de obrar con celeridad, ya no
existen); omitiendo imputar a personas claramente comprometidas o sospechosas; o
bien transfiriendo las causas a tribunales donde son los familiares de quienes
se deben investigar los jueces y fiscales.
Hoy en día más de la mitad de los
más altos funcionarios de la Justicia Federal , llámese jueces y fiscales, han
sido designados por este gobierno, por supuesto entre aquellos que más
sintonizan con su política, todo esto crea una cierta dependencia aunque se la
pretenda negar, que hace que la justicia no funcione con la imparcialidad que
corresponde.
En una verdadera Republica una
Justicia independiente es fundamental, y la realidad es que estamos muy lejos
de eso. Tal vez una forma de transparentar la misma sería, que tanto jueces
como fiscales sean propuestos por los partidos opositores al que gobierna,
entre aquellos profesionales que tengan una dilatada carrera y sean reconocidos
por sus pares por su idoneidad, honestidad e independencia.
Impartir justicia es una tarea
casi sublime, por lo tanto debería estar en mano de las mejores personas, las
que puedan exhibir una historia de vida basada en la ética y en la moral, al
menos de esa manera se evitaría la obediencia debida que hoy se puede percibir
en la mayoría de los designados por este gobierno.
Luis Razzolini
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