La triste realidad del pueblo argentino es que el 90% de su población vive ajeno a las cuestiones culturales y políticas del país.
La mayoría ha venido soportando la degradación de las relaciones sociales y las instituciones públicas, los millones de desocupados y semiocupados, un millón y medio de chicos que trabajan ilegalmente. El 80% de la población infantil del norte está desnutrida, y los chiquitos agonizan fotografiados para los diarios y la televisión; ese grupo étnico, el que desciende de la población criolla, tiene y tuvo niveles de vida completamente distintos de los de las clases medias urbanas. Por ejemplo, si se ven chicos con desnutrición infantil en la televisión, siempre tienen rasgos criollos; no hay un chico de clase media completamente desnutrido. Esto tiene que ver no sólo con los ingresos sino también con la educación, porque la falta de un nivel educativo adecuado hace que los padres sólo puedan conseguir trabajos de escasa remuneración, que no alcanzan para una adecuada alimentación del grupo familiar. Ya está claro que la mortalidad infantil no es tanto una cuestión de ingresos, sino de educación de los padres.
Si los desnutridos no tienen madre, igualmente habrá que alimentarlos, y si están abandonados habrá que recogerlos y darles de comer, y si las madres tardan en aprender, igual, y si no aprenden, también hay que terminar con el hambre que ha sido denunciado durante más de cuatrocientos años hasta ahora.
“El desprecio de la ley fue denunciado hace más de cien años, y parece ser característico de la población argentina en todos sus tiempos: contrabando, coimas, estafa, abigeato, usurpación, homicidios, robo, coacción electoral, sediciones y golpes de estado, evasión impositiva, violaciones, abuso de autoridad, torturas, prevaricato, falsedad instrumental, abandono familiar, abuso sexual y prostitución infantil, peculado y toda clase de ñoquis, inflación, trampas, decreto de necesidad y urgencia, corralitos bancarios, mayorías automáticas, jueces corruptos, sobreseimientos arbitrarios, retardo de justicia, sobres con dólares del gobierno corrupto a legisladores, ocultamientos y delitos conexos, tráfico de estupefacientes, trata de personas han sido actos cada vez más graves y cotidianos.
Esta escena apocalíptica de la triste realidad del pueblo argentino es consecuencia directa de la corrupción de los gobiernos nacionales, provinciales y municipales, con total impunidad y complicidad de la justicia; además, se lo debemos al saqueo indiscriminado de las riquezas del pueblo argentino por parte de las multinacionales extranjeras.
Así por ejemplo, la Barrit Gold y otras transnacionales mineras que operan en nuestro país son copropietarias de las petroleras británicas que están extrayendo crudo en el mar que circunda las Malvinas. Ello a pesar de que la ley vigente prohíbe a estas empresas que actúan en la República Argentina desarrollar actividades hidrocarburíferas- o estar ligadas a quienes la realicen- en nuestra plataforma marítima sin la autorización de la Secretaría de Energía de la Nación.
Somos un país invadido que ha perdido una parte de su territorio no sólo por la ocupación británica de las Malvinas, sino que en los últimos veinte años se han cedido miles de kilómetros -Patagonia, cordillera de los Andes, provincias del NOA. NEA y centro- a las corporaciones transnacionales residentes en Londres, Nueva York, Zurich, Paris, Tokio. De nuestro territorio se llevan los bienes y recursos estratégicos: petróleo, oro, cobre, plata, litio, molibdeno, uranio, y sesenta más; y cereales, carnes y alimentos.
Desde los años 90, la Argentina vive un agudo proceso de colonización económica que se profundiza al compás de los planes del Banco Mundial y del IRSA. Las mismas corporaciones que manejan el petróleo y detentan la minería gozan de total impunidad en la Argentina.
Ninguna otra actividad empresaria como la minera ha recibido mayores beneficios económicos: estabilidad fiscal por treinta años; exención impositiva de la casi totalidad de los impuestos-incluído al cheque y al gasoil-; reducción del 3% de regalías de todos los gastos de extracción, refinación, transporte, seguros, administración y fletes hasta puerto de destino. No hay control del gobierno de esas exportaciones y pagan de acuerdo con las declaraciones juradas que realizan seis meses después de llegar la carga al puerto de destino.
Esta vergonzosa situación que padecemos los argentinos es necesario e imprescindible darle una drástica solución, nacionalizando todas estas empresas multinacionales extranjeras y también a la banca internacional y financiera, para que estas riquezas se vuelquen en beneficio del pueblo argentino para darle una mejor calidad de vida, tranquilidad económica y un futuro venturoso.
Dr Mario Corvalan
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